INFORME EXTRANJEROS DE CONCIENCIA
Comunicado por Enlace Civil
EL GOBIERNO VIOLA LAS LEYES MEXICANAS CON LA EXPULSION
DE OBSERVADORES INTERNACIONALES
Jesús Ramírez Cuevas
La campaña sistemática del gobierno mexicano contra los observadores
internacionales de derechos humanos viola las leyes mexicanas, infringe la
libertad de asociación de los ciudadanos mexicanos y socava el derecho,
concluye el informe Extranjeros de Conciencia publicado por Global
Exchange y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos
para Todos".
En los últimos cinco años han sido sancionados o expulsados del país unos
300 extranjeros. Según el informe de las ONG's "casi todas esas expulsiones
fueron violatorias de la misma Constitución política mexicana". "Uno de los
problemas más graves es que todas estas violaciones a los derechos humanos
de los observadores se mantienen en la absoluta impunidad".
Este informe será presentado el 18 de mayo simultáneamente en la Ciudad de
México y en Washington, donde activistas de Estados Unidos lo entregarán a
un grupo de congresistas de ese país. "Esta política migratoria que hostiga
la labor internacionalista es ilegal bajo las leyes mexicanas y
contravienen los tratados y convenios internacionales signados por México".
Tan sólo el año pasado fueron obligados a salir de la República mexicana
por visitar Chiapas, 144 observadores y trabajadores de ayuda humanitaria
de distintas nacionalidades. Ademas, otros 100 extranjeros fueron
"invitados" a abandonar la nación "voluntariamente" por el Instituto
Nacional de Migración (INM). Estos casos son expulsiones disfrazadas con un
Oficio de Salida. (con un plazo de hasta cinco días para salir del país)
expedido por las autoridades migratorias tras extender citatorios a los
extranjeros que cruzan los retenes a la entrada de la selva, en los Altos o
en el norte del estado.
"El Ejecutivo federal ha abusado de su autoridad para esconder la verdad en
Chiapas". "El gobierno mexicano ha intentado mantener su imagen como
promotor de derechos humanos, no obstante que las evidencias demuestran lo
contrario, al expulsar a docenas de testigos internacionales en Chiapas",
asegura Global Exchange, organización que promueve desde 1994 la
observación de los derechos humanos en las comunidades indígenas de Chiapas.
El informe Extranjeros de Conciencia está basado en una investigación
exhaustiva de los hechos y un análisis legal minucioso que fue elaborado
por Adriana Camarena de la Universidad de Stanford, California, y Federico
Anaya Gallardo, asesor jurídico de la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas y experto en ley migratoria.
El gobierno viola sus propias leyes citando el artículo 33 de la
Constitución Mexicana, que faculta al Ejecutivo a expulsar a ciudadanos de
otros países "que amenazan la seguridad nacional", ya que el
artículo 16 constitucional garantiza, al mismo tiempo, el derecho de los
extranjeros a conocer las razones por las que son expulsados y a tener un
juicio justo. "Las expulsiones se han hecho de forma arbitraria y
apresurada y no se concede ningún derecho a los afectados".
"Si la administración del presidente Zedillo -recomienda el informe- quiere
aplicar correctamente el artículo 33 constitucional y la Ley General de
Población debe declarar sus argumentos legales para demostrar que la
conducta de los observadores internacionales es una intervención en la
política mexicana", advierten los abogados.
Según Global Exchange, "ciudadanos y organizaciones mexicanas han invitado
observadores internacionales para ayudarles en la tarea delicada de
proteger a las comunidades indígenas que han sufrido hostigamiento a manos
de las fuerzas militares, policiacas y paramilitares. Esta campaña contra
los observadores no solamente viola la garantía de los extranjeros a
proceso justo, sino también viola el derecho de los mexicanos a la libertad
de asociación, debido a que el gobierno no tiene ningún derecho a decidir
con quien se pueden reunir los ciudadanos".
"Los extranjeros gozan virtualmente de la misma libertad y derechos de los
ciudadanos mexicanos. Sin embargo, el gobierno mexicano se ha negado a
respetar estos derechos, interpretando las mismas leyes para su propia
conveniencia política", concluyen los abogados. "Es una contradicción que
el gobierno otorgue permisos para obervadores electorales y se niegue a
permitir la entrada de observadores internacionales de derechos humanos".
Una parte de los cientos de extranjeros expulsados de México han iniciado
procesos legales contra el gobierno mexicano. De acuerdo con el informe,
"el poder Judicial mexicano ha empezado a resolver una serie de fallos en
favor de los observadores internacionales de derechos humanos que fueron
expulsados, demostrando así, la clara inconstitucionalidad de sus políticas
migratorias".
Los investigadores de las ONG's sostienen que a estas ilegalidades, el
gobierno suma otras, como el cambio en los reglamentos migratorios sin
aprobación del Congreso. Desde hace un año, los observadores
internacionales tienen que cubrir los nuevos requisitos que les exige el
INM: solicitar su visa con 30 días de anticipación, informar de los lugares
y personas que va a visitar. Por último, si concede el permiso, la
Secretaría de Gobernación sólo lo otorga por 10 días como máximo.
Ante el panorama descrito en el informe, las ONG's hicieron varias
recomendaciones al Congreso de la Unión para que derogue la facultad de
expulsar extranjeros que tiene el presidente de la República, que reforme
la Ley General de Población para que los cuidadanos de otras naciones
puedan realizar labores de observación humanitaria en el país "sin
restricciones injustificadas", y establecer sanciones a los funcionarios
que "niegan, obstruyen o retrasan el acceso al país" a los observadores.
El informe incluye otras recomendaciones al poder Ejecutivo federal, al
INM, a la CNDH, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y a organismos internacionales como la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, la Comisión y la Corte Interamericanas de
Derechos Humanos, los países de la Unión Europea y las organizaciones no
gubernamentales nacional e internacionales de derechos humanos.
La persecución a extranjeros aumentó después de la matanza de Acteal
Desde el levantamiento armado de 1994, las violaciones a los derechos
humanos en Chiapas se hicieron visibles para México y el mundo. Cientos de
observadores y trabajadores de ayuda humanitaria arribaron al estado desde
ese momento.
Tras la ofensiva militar contra los zapatistas en febrero de 1995, aumentó
la presencia internacional en Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas y otros organismos de la sociedad civil, organizaron
los Campamentos Civiles por la Paz (CCP) a petición de las comunidades
afectadas por la militarización. El propósito de estos campamentos,
integrados por activistas mexicanos y extranjeros, ha sido doble:
desalentar la agresión de elementos del Ejército mexicano y de los grupos
paramilitares hacia las comunidades indígenas y reportar las violaciones a
los derechos humanos.
La agresión contra los extranjeros de conciencia aumentó dramáticamente
después de la matanza de Acteal en diciembre de 1997, cuando fueron
asesinados 45 indígenas por grupos paramilitares. En 1998 la presencia
internacional en Chiapas polémica con la expulsión de cientos de
observadores internacionales.
La investigación "Extranjeros de Conciencia" hace un recuento detallado de
los actos hostiles contra visitantes extranjeros. Ahí se registra el
discurso del presidente Zedillo en Yucatán (23 de enero de 1998): "es
inadmisible que haya gente que violen nuestras leyes y que esté
directamente involucrada en el conflicto chiapaneco, aunque se usen razones
humanitarias para lograrlo".
En febrero de ese año hicieron su arribo 200 observadores de la "Misión
Civil de Observación de Derechos Humanos en Europa y Latinoamérica". El
gobierno desató una campaña de hostigamiento hacia los extranjeros en San
Cristóbal de las Casas. "Agentes de migración por las calles persiguen
turistas y visitan domicilios donde se hospedan" (17 de febrero 1998, carta
firmada por 17 ONG's locales y nacionales).
El 12 de abril de 1998, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, dos
fotógrafos de las agencias AP (Associated Press), Pascual Gorriz y de la
AFP (Agence France Press) Oriana Elicabe, fueron golpeados por la policía
bajo las órdenes de autoridades de migración mientras tomaban fotos de 12
extranjeros deportados tras un operativo militar en Taniperla, municipio de
Ocosingo.
Esos días, Pierre Sané, Secretario General de la Amnistía Internacional
explicó en una entrevista: "arrestar y expulsar a los observadores
internacionales significa que hay una tendencia hacia el encierro en
México. Se observa una tendencia a arreglar el problema de Chiapas a puerta
cerrada, y eso es peligroso porque se quieren eliminar a los testigos
internacionales. Eso quiere decir que el gobierno tiene malas intenciones"
(21.02.98).
La detención y expulsión de observadores internacionales durante los
primeros seis meses de 1998, ocurrió paralelamente con una campaña de la
Secretaría de gobernación para minar la credibilidad de los actores que
buscan una solución pacífica al conflicto. El 7 de junio, Samuel Ruíz
renuncia a su papel de mediador y se disuelve la Conai. En abril la
Secretaría de Gobernación había iniciado una investigación contra la
Diócesis de San Cristóbal y su Centro de Derechos Humanos por haber emitido
credenciales a observadores internacionales.
Aprovechando este clima de hostilidad, el gobierno y el Ejército federal
han creado áreas restringidas para la observación internacional en el
norte, Altos y la Selva en lugares como Taniperla, Los Plátanos y Tila. No
es coincidencia que estos sitios son también donde mayor actividad tienen
los grupos paramilitares para amenazar a las comunidades zapatistas.
La visión de las comunidades indígenas
La perspectiva de las comunidades afectadas fue recogida por Global
Exchange en su informe. Luciano, vocero del municipio autónomo San Pedro
Chenalhó, explicó: "leí en los diarios que Zedillo y Labastida Ochoa
dijeron que los extranjeros vienen a organizar y manipular a los indígenas.
No es cierto. Invitamos a los extranjeros para que pudieran observar y
testificar que no mentimos sobre lo que está haciendo el gobierno, de que
ellos (las fuerzas de seguridad y los paramilitares) nos están rodeando
amenazándonos con matarnos".
Un vocero de Las Abejas de Acteal coincidió: "El gobierno siempre está
buscando pretextos para decir que los extranjeros nos están manipulando.
Eso no es cierto, tenemos nuestras propias mentes. No somos títeres de
extranjeros, tenemos derechos a organizarnos nosotros mismos. Sabemos cómo
gobernarnos como indígenas con nuestra propia cultura".
"El resultado de la presencia extranjera -apuntó Luciano- es que la guerra
de baja intensidad ha disminuido". En tanto que Las Abejas señalan, por su
parte, que "los soldados ya no están entrando a los campamentos de
desplazados porque hay presencia de observadores". En sentido contrario, un
representante de ARIC-independiente, del municipio autónomo Ricardo Flores
Magón, informó que "después de la expulsión de los observadores de
Taniperla, los hostigamientos de la policía de Seguridad Pública, de los
soldados federales y de los paramilitares ha ido en aumento".
RECUADRO
Casos relevantes de expulsiones de extranjeros en 1998:
En 1998 el gobierno expulsó a más de 100 extranjeros aplicando el artículo
33. La hostilidad del gobierno mexicano hacia los monitores internacionales
no es debido al contenido político de sus actividades, sino al hecho que la
información sobre las violaciones de derechos humanos, puede tener un
efecto profundo en las políticas de otros países hacia México.
Los 12 de Taniperla.El 11 de abril de 1998, cientos de soldados del
Ejército federal, policías estatales y agentes de migración, irrumpieron
violentamente en Taniperla, localizada en el municipio de Ocosingo. Los 12
observadores internacionales fueron detenidos sin orden de aprehensión y
expulsados a pesar de que sus documentos migratorios estaban en orden.
Meses más tarde, los 12 observadores promovieron una demanda de amparo
contra su expulsión. En febrero de 1999, una juez de Distrito dictó
sentencia favorable a ellos. El gobierno no documentó los motivos de la
aplicación del artículo 33. Un tribunal de Circuito está analizando las
apelaciones del gobierno y de los afectados.
Peter Brown..El 24 de julio de 1998, Peter Brown, profesor y ciudadano
norteamericano, fue expulsado de México. Brown trabajaba en un proyecto en
las comunidades de los Altos de Chiapas ayudando a la construcción de una
escuela. El activista humanitario fue detenido por agentes de migración en
un retén militar en San Andrés Larráinzar, trasladado a la Ciudad de México
y expulsado al día siguiente.
La delegación italiana. En mayo de 1998, 120 ciudadanos italianos fueron
expulsados de México. Habían llegado a México para monitorear las
violaciones a los derechos humanos en Chiapas. En sus documentos
migratorios se restringía su visita a tres lugares: La Realidad, Polhó y
Oventic. Los italianos decidieron visitar Taniperla pese a la prohibición
del INM entregada de último momento. El gobierno lo consideró una afrenta y
expulsó a los 120 observadores. A 40 de ellos les fue prohibido regresar a
México definitivamente. Se les aplicó el artículo 33 pese a que su estancia
estaba regulada por la Ley General de Población.
Una parte de los italianos presentaron una demanda judicial contra la
expulsión. El otoño de 1998, un juez de distrito les otorgó protección
federal. El gobierno mexicano apeló la sentencia y el Tribunal Colegiado de
Circuito está analizando el caso actualmente.
Los casos de Peter Brown, de los 12 de Taniperla y de los italianos
demuestran el modo en el que el gobierno ha justificado las expulsiones de
extranjeros. Todas las actividades realizadas por los expulsados han sido
actos de apoyo humanitario a los comunidades indígenas que sufren
regularmente violaciones a sus derechos humanos. Los juicios de amparo
iniciados por sacerdotes extranjeros, observadores internacionales y
trabajadores humanitarios expulsados de Chiapas, son los primeros
precedentes y podrían convertirse en un parteaguas jurídico sobre el tema.
El caso de Miguel Chanteau. El 26 de febrero de 1998 fue expulsado el
párroco Michel Chanteau, sacerdote durante 32 años en Chenalhó, municipio
donde ocurrió la matanza de Acteal dos meses antes. El padre Chanteau fue
deportado por el INM que le aplicó el capítulo 10 de la Ley General de
Población porque había hecho declaraciones a la televisión acusando al
gobierno mexicano de ser responsable en la masacre de 45 indígenas en
Acteal. El gobierno dijo que sólo los mexicanos podían hacer declaraciones
a los medios de comunicación. Su caso es revisado en este momento por la
Suprema Corte de Justicia.
El caso de Tom Hansen. El 18 de enero de 1998 fue detenido por agentes de
migración, el ciudadano norteamericano Tom Hansen, quien ha participado en
más de 30 delegaciones humanitarias en Chiapas desde 1994, contando para
ello con la autorización del gobierno mexicano. Al día siguiente fue
expulsado del país por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Durante su traslado de Chiapas al DF, Hansen fue amenazado de muerte. Los
abogados de Tom Hansen presentaron un juicio de amparo contra la expulsión
y obtuvieron una sentencia favorable en julio de 1998, pero el INM apeló la
sentencia. La revisión del amparo la analiza actualmente el Segundo
Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal en el DF.
El caso de tres noruegos detenidos. La noche del 14 de abril de 1998,
fueron detenidos arbitrariamente por policías judiciales y estatales tres
turistas noruegos mientras visitaban la comunidad "10 de abril". Los
agentes policiacos tomaron fotografias de los noruegos junto a un cartel
que decía: "Alto a la militarización -cmapamento civil por la paz-
territorio rebelde zapatista". Al día siguiente fueron sacados del país.
En los tres casos, el INM ha declarado públicamente que los extranjeros han
violado su estatus migratorio por haber participado en actividades
políticas exclusivas de los mexicanos. El INM aplican las leyes de
migración que no tienen conexión con el artículo 33. Las autoridades
migratorias no tienen los mismos poderes de expulsión que tiene el
presidente de la República.
El juicio del padre Michel Chanteau es el primero en llegar a la Suprema
Corte utilizando este argumento. Si el caso de Chanteau prevalece en la
decisión final del máximo tribunal del país, se establecerá un precedente
que podría poner fin al uso arbitrario de la autoridad concedida al INM.
Globalizando el conflicto.
Al tiempo de la globalización de capitales, ha surgido un interés
internacional más fuerte por los derechos humanos. El acuerdo comercial que
México está negociando con la Unión Europea, incluye una cláusula sobre
derechos humanos y democracia que fijan las normas y los patrones
humanitarios esperados del socio comercial.
El primero de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor el TLC, el
EZLN hizo su aparición pública. Los reportes de violaciones a los derechos
humanos en Chiapas llegaron a todos los ciudadanos de conciencia de todo
el orbe. El uso de Internet amplificó la voz de los zapatistas en el mundo.
Respondiendo al llamado de la sociedad civil mexicana y de las comunidades
indígenas amenazadas, observadores internacionales de ONG's extranjeras,
ayudaron al establecimiento de una presencia internacional permanente en
las poblaciones amenazadas.
Una de ellas, SIPAZ (Servicio Internacional por la Paz) se ha mantenido
desde el 95 en Chiapas. "El acompañamiento internacional en situaciones
conflictivas no es único en Chiapas. Hay una larga tradición de monitoreo
de los derechos humanos en países como Guatemala, El Salvador, Sri Lanka,
Colombia y Haití por mencionar los más conocidos.
La observación internacional es "literalmente una personificación de la
preocupación internacional sobre los derechos humanos. Alguien que de forma
obligatoria y visible, recuerda que la violencia no debe pasar
desapercibida" (descripción de las "Brigadas Internacionales de Paz").
El gobierno mexicano tacha de "interferencia política" e "intervención
extranjera en asuntos internos" estas actividades que son respaldadas por
los convenios y declaraciones internacionales que el mismo gobierno
mexicano ha avalado, como la Convención Americana de los Derechos Humanos y
la Convención internacional de Derechos Políticos y Civiles.
"Las convenciones internacionales son basadas en la creencia compartida de
que el respeto a los derechos humanos no es un tema exclusivamente interno.
Por lo tanto, la comunidad internacional tiene derecho de verificar si los
Derechos Humanos de la gente están siendo respetados en otros países"
(Ricardo Carvajal, director de Sipaz (Servicio Internacional para la Paz).
José Saramago, en su visita a Chiapas en marzo de 1998 señaló: "la
verdadera comunidad internacional no puede ser lo que resultado de acuerdos
de los Estados. La verdadera sería aquella que nosotros lográramos con
nuestros diálogos, con nuestros encuentros".
Enlace Civil A.C.
C/ Ignacio Allende 4,
29200 San Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexico
tel y fax: 52- 967- 82104
http://www.enlacecivil.org.mx
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An Open Letter to Brothers and Sisters in Mexico
by Tom Hansen
National Coordinator, Mexico Solidarity Network
Tel: 773-583-7728 e-mail: msn@mexicosolidarity.org
The concept of justice requires (1) a clear set of understandable rules, (2)
administrative bodies that make an effort to apply the rules fairly, and (3)
an impartial system to adjudicate disagreements. President Ernesto Zedillo
has repeatedly and eloquently called for the rule of law in Mexico. But it
appears that rhetoric does not match reality.
On February 18, 1998, I was taken into custody by agents of the Office of
Immigration. No warrant was issued for my arrest. I was held for 24 hours
without access to a telephone or legal counsel. After 24 hours I was
expelled from Mexico, for immigration laws that I had supposedly violated
two years beforehand.
Six months later, a federal judge in Mexico City found that the Office of
Immigration violated the law in several ways. First, I was arrested without
a warrant in direct violation of my rights under Mexican law. Second, I was
expelled for the act of "observing." The judge found nowhere in Mexican
law where it is illegal to "observe." (If observation is illegal, everyone
who attends a movie or watches television would be a criminal.) In light
of these findings, and others too numerous to list, the judge overturned my
expulsion.
Immigration authorities responded by stating that "this ruling breaks with
the custom of dealing with immigration matters administratively." In other
words, it is not customary for immigration authorities to be held
accountable to the law.
Within several weeks, the Office of Immigration appealed the ruling. I have
been waiting patiently since August for a final decision that would uphold
the rule of law and allow me to return to a country that I have come to love
as much as my own.
Unfortunately, it appears that my patient wait may have been in vain.
At the first hearing of my appeal in front of Magistrada Elvia Diaz de Leon,
the judge decided, without reading the original decision or hearing any
evidence, that my amparo should be overturned. She stated "I am not in
agreement with this amparo that Judge Octavo issued, but I will study it and
issue my ruling. This is a very delicate matter and the authorities are
very interested." When news of this travesty reached me, it was like a
swift dagger in the heart. For the first time since my expulsion, I was
faced with the distinct possibility that I will never be able to return to
beloved Mexico.
I have a great deal of respect for Mexico and I have always abided strictly
by the laws of this cherished land. I only wish that immigration
authorities had the same respect for the law. Those authorities have
violated all three principles of the rule of law, and this has implications
for all the entire country.
Over two years ago I traveled to Mexico as an official international
observer of the peace talks between the government and the Zapatistas. As
an official observer, I was accredited by COCOPA, a government agency.
During the accreditation process, government officials inspected my passport
and visa, and found everything in order. Yet two years later I was charged
with an activity (observation) that was inconsistent with my tourist visa.
This violates the first principle of the rule of law, a clear set of
understandable rules.
Immigration authorities who acted with total disregard for the laws of
Mexico violated the second principle of the rule of law - administrative
bodies must make an honest effort to apply the law evenhandedly and fairly.
The judge who is now hearing my case has violated the third principle of the
rule of law. She has demonstrated in the starkest terms that she is not
impartial. Under her jurisdiction, there is no possibility that I will
receive a fair hearing. She stated so before my attorneys in unequivocal
terms.
Do I have a right to expect more? As a "foreigner" do I have a right to
expect that the rule of law will apply to me in Mexico? I think so.
I know that many of my brothers and sisters in Mexico have suffered far
worse indignities than I have at the hands of authorities who have no
respect for the law. This is true in Mexico as well as in my own country.
One need look no further than the abuse heaped on Mexicans by US immigration
authorities to know this truth. As a patriotic US citizen, it embarrasses
and angers me beyond words when authorities in my country treat visitors
without regard for the law, without respect, and often with total impunity.
And I imagine that many of my Mexican brothers and sisters feel the same way
about my treatment. In a country that is renowned for its hospitality,
friendliness, good manners and high culture, this treatment of a foreign
visitor is a stain on the character of the country.
But worse yet, it is an affront to the millions of law-abiding citizens of
Mexico who play fair, who try to raise families with strong moral values,
and who uphold a culture rooted strongly in the teachings of the Catholic
Church. The trampling of one person’s legal rights in such an obvious and
crass way is the trampling of everyone’s rights. Immigration authorities
try to hide behind a facade of "nationalism." And now they are apparently
trying to influence the judiciary. But the vast majority of people
understand that disrespect for the rule of law is anything but
nationalistic - it is a shame and an embarrassment. Mexico is a great
country and it deserves a great system of justice.
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Strategic Pastoral Action delegation
detained several times in Mexico;
board member barred for two years
Strategic Pastoral Action's friendship delegation to Chiapas in December 1998 was stopped and questioned several times by Mexican military and immigration officials, with passports illegally taken and examined by military representatives, and two board members cited by Mexican immigration to explain their presence, one later barred from Mexico for two years.
One Strategic Pastoral Action board member — Eileen Robertson-Rehberg — was cited to appear at an immigration hearing as she traveled with the delegation to the Dec. 22, 1998 commemoration of the massacre of 45 Tzotzil Indians at Acteal. The delegation, by invitation, was accompanying a bus filled with Acteal refugees who fled after the massacre exactly one year earlier.
With the help of a Mexican human rights attorney, Robertson-Rehberg recuperated her seized tourist visa the day following a hearing that lasted four hours in immigration offices in San Cristóbal de las Casas.
Another Strategic Pastoral Action (SPAN) board member — Anna Jean Brown — was cited during a later journey and her visa seized as she passed for the fourth time through a checkpoint near Oventic Aguascalientes and San Andres Larráinzar and was ordered to appear at a hearing January 4, the date she returned to the United States. Because she was unable to appear, immigration officials barred her from Mexico for two years.
Brown had earlier traveled with the SPAN delegation through the checkpoint where her visa was later seized. She had opted also to travel with a later delegation organized by Global Exchange, and it was during Global Exchange's trip to Oventic Aguascalientes — a Zapatista safe zone — that Brown was cited by Mexican immigration officials at the checkpoint. She is now seeking legal means to reverse the action that barred her.
SPAN's delegation had twice passed through this checkpoint a week earlier as it traveled through the Chiapas zone of conflict in the region known as Los Altos, en route to and from a visit with friends in the communities of Simojovel and Huihuitipán and to celebrate Christmas in this region.
Mexican immigration and armed military representatives had detained the Strategic Pastoral Action friendship delegation passports at least seven times as it made the following visits during its Dec. 18-27 journey in Chiapas:
* As the delegation traveled to Ocosingo to witness a community report by municipal officials: Immigration authorities there -- with a Mexican federal elected deputy protesting the immigration action - - examined the delegation's passports and visas and recorded the delegation members' names.
* As it traveled to Acteal, accompanying refugees from the Dec. 22, 1997 massacre: During this journey, the delegation and the bus filled with refugees was detained three times, the U.S. citizens' visas and passports examined and names recorded.
* As it traveled to Simojovel to visit with parish members there and celebrate Christmas in this zone of conflict and increasing harrassment by paramilitary forces. Again visas and passports were taken and examined and names recorded.
By definition, a friendship delegation is one which seeks to renew and initiate friendships with persons who have invited the visitors to visit with them, to share in their concerns for their well-being, actions which are not prohibited under Mexican law or the provisions of a tourist visa, according to Mexican human rights advisers.
All the delegation's tours were through zones that are heavily militarized and populated with paramilitary forces that are reported to continue to act with impunity, piling up a record of murders, ambushes, thefts, displacements, terrorism and destruction
The Strategic Pastoral Action delegation, as it toured the region, was made aware of conditions that either contribute or detract from friends' well-being. Because the delegation was from the United States, it also could not help but observe the heavy presence of U.S. military armaments in the region, as well as in the hands of Mexican military personnel that detained the U.S. visitors.
Strategic Pastoral Action has coordinated five delegations to Chiapas since the uprising of the Zapatistas — the Ejército Zapatatista de Liberación Nacional (EZLN)— on January 1, 1994, their first visit in March of that year to human-rights organizations, clergy and refugee camps. The faith-based upstate New York project always works with faith-based organizations and churches in its visits to Latin American and the Caribbean and considers its mission from this perspective.
In the wake of the popular uprising by indigenous people in Chiapas, Mexican authorities have expelled foreign priests and more than 200 visitors to the region, many of those barred for life from entering the country. Human rights activists in Mexico and legal representatives say these expulsions are contrary to Mexico's constitution and a violation of the rights of visitors to Mexico.
Robertson-Rehberg is a social-policy analyst from Burdett, NY, studying for a Ph.D. at Cornell University. Brown is a professor of political science at St. Peter's College in Jersey City, N.J., and a member of the Kairos Community in New York City. Other delegation members included an anthropologist from Eugene Oregon; a computer specialist and popular education organizer from Cleveland, Ohio; a Red Cross physician and director from Michigan, and a philosopher-activist from upstate New York.
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